Raúl Manga, coordinador de Proyectos en TEMA Perú analiza el RCD 203-2020-OS/CD – Disposiciones para la Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de Procesos en las Instalaciones donde se realizan actividades de Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos.

La reciente publicación de la Resolución de Consejo Directivo RCD 203-2020-OS/CD por parte del gobierno peruano, donde se fija la normativa sobre la instauración de un sistema de gestión de seguridad de procesos en instalaciones que ejecutan actos de refinación y procesamiento de hidrocarburos, generó un alud de dudas entre los stakeholders del sector por la falta de esclarecimiento de algunas de las 16 directrices que se tratan en el documento.   

La primera de ellas surge a partir del hecho que debe ser la propia empresa quien determine si la Resolución le afecta o no y, aunque a priori podría ser fácil de ver, resulta que el concepto sobre ‘el trabajo con líquidos o gases inflamables en una cantidad de 10.000 libras’ provoca un vacío, pues “podría ser una cuantía de capacidad instalada o bien que apenas esté diseñada para esa dosis o que incluso se refiera a procesar 10.000 libras en un determinado tiempo”, explica Raúl Manga, coordinador de Proyectos en TEMA Perú.

Y no solo eso, sino que el documento expone que este sistema no aplica para instalaciones que normalmente están desatendidas u operadas de forma remota, de manera que “si, por un lado, tenemos un campo de gas y, por el otro, una plataforma con un pozo perforado gestionado remotamente, resulta que en ese pozo el sistema no aplica, pero en la planta sí, entonces se produce una contradicción”, alerta Manga. Una incoherencia y también un riesgo mayor al no tener el control de seguridad de esas zonas.

No hay claridad en cuanto a qué significa ser experto en Seguridad de Procesos

Otro de los temas que produjo debate es la inversión que va a suponer para las empresas implantar este sistema de gestión de seguridad de procesos, ya que pese a que muchos de los  elementos que desarrolla el documento vienen siendo gestionados por las empresas, darle el enfoque de sistema de gestión y optimizar cada uno al cumplimiento estricto de la normativa sugiere preliminarmente asociar presupuestos específicos. Tampoco queda claro cómo y quién fiscalizará el proceso “ya que se utiliza a lo largo de la Resolución el término experto, pero no hay claridad en cuanto a qué significa ser experto en Seguridad de Procesos”.

En este punto, Manga asegura que este panorama es incipiente en Perú y que no existen demasiados profesionales con un bagaje tan amplio en esta área como para poder ejercer de expertos implementadores y fiscalizadores, , aunque cualquier profesional que acredite experiencia amplia puede desempeñar el papel de interventor para poder elaborar los estudios. Quizás esta nueva normativa actúe como motivadora para que a medio plazo existan perfiles especializados en la seguridad de procesos.  

Hay pocas organizaciones que tengan un nivel de cultura generativa en seguridad de procesos.

Un aspecto calve que la Resolución alienta es adoptar una cultura de seguridad de procesos que realmente se preocupe por gestionarla a todos los niveles y que esté promovida por el conjunto de actores que componen la estructura de cada compañía, “un aspecto complejo porque hay pocas organizaciones que estén posicionadas de alguna manera y tengan un nivel de cultura generativa o en camino a serlo”, en palabras de Raúl Manga.  

Y justo relacionado con este compromiso están pensados los plazos de entrega del cronograma de implementación, que se limita a un año desde la aprobación de la Resolución, es decir, hasta noviembre de 2021, y hasta cuatro para ponerlo en marcha, unos tiempos de entrega “adecuados porque no deberían tomarse más tiempo en acondicionar algo que en su mayoría las empresas ya tienen implementado, solo hay que darles otro enfoque si, además, el objetivo es tener el riesgo controlado para no quedar expuesto ante una desgracia”.

Un paso hacia el futuro

A pesar de la incertidumbre a la que induce esta Resolución, nuestro experto defiende que “es muy buena iniciativa porque es el inicio de un gran cambio muy esperado desde hace mucho tiempo en la industria”. De hecho, Manga aboga por un concepto de gestión de riesgos integral donde todo el sector “tome una posición resiliente y fiscalizadores, fiscalizados y consultores trabajen con la misma perspectiva de futuro en pro de una gestión adecuada que dé continuidad al negocio”.

Es más, Raúl Manga cree que “este sistema no puede verse como algo independiente, sino que debe entrelazarse con los sistemas de gestión HSE tradicionales” que actualmente tienen todas las empresas. Y es que “lo único que busca este proceso es que la industria se extienda y sus compañías sean sostenibles en el tiempo porque tendrán una capacidad de respuesta a eventos no deseados”, afirma.